En el ámbito de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se advierte la violación a los derechos humanos de los trabajadores de Mexicana, no solamente en cuanto a manifestarse públicamente, sino también en materia laboral.
Lo anterior consta en un acuerdo emitido ayer por el juez décimoprimero de distrito en materia civil con sede en el Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto.
Dicho acuerdo detalla que los trabajadores tiene derecho a contar con un trabajo digno, a que sean respetados sus derechos laborales y de seguridad social, respeto a su integridad física y libertad, en especial del sindicalista Fernando Perfecto y demás personas golpeadas con uso indebido de la fuerza pública.
Indicó que la secretaría ha faltado en “el derecho a garantizar la vida e integridad física del conciliador y administrador designado por la secretaría. El derecho de los inversionistas en cuanto a la protección de sus datos personales. A tener la seguridad de no ser sujetos de amenazas derivado de la fuga de dicha información. A respetar su dignidad humana y ser recibidos y oídos por la autoridad”.
Ha sido coartada también su libertad a su derecho a la intimidad y a invertir para el desarrollo económico y social de la nación, vigilando de manera efectiva el desarrollo de las gestiones que se requieran.
Por eso exhortó a Dionisio Pérez-Jácome para que en el ámbito de sus facultades y deberes constitucionales y por ser garante de los derechos humanos, los respete y haga respetar, en relación con todas las personas involucradas en el concurso mercantil, así como que brinde en la realidad las facilidades, asesoría y apoyo a los inversionistas y cumplir las obligaciones de su competencia que se establecen en la ley de aeronáutica civil, además de vigilar y supervisar que se cumplan los mandatos.El juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación reveló que los inversionistas que buscan rescatar a esa empresa están siendo amenazados y espiados telefónicamente para no concluir la operación de compra, por lo que exhortó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome a “respetar los derechos humanos” de los capitalistas y sindicalistas.
Estableció un plazo de 24 horas al Gobierno del Distrito Federal para que informe quién ordenó el desalojo por la fuerza de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra que se manifestaban afuera de la SCT, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal para saber quién instruyó la presencia de agentes en la base de mantenimiento de Mexicana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El impartidor de justicia señaló que los inversionistas, de quienes no dio a conocer sus nombres, han recibido llamadas intimidatorias para que no concreten el rescate de la línea aérea.
“Me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la secretaría, del nombre de algunos de los inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el Grupo Med Atlántica, les hablaron telefónicamente de manera anónima para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso porque nunca los iban a dejar volar, por lo que ya no hicieron el depósito.
“Lo anterior genera en el suscrito por lo menos la suspicacia, de por qué otros grupos anteriores interesados en Mexicana no han llevado a cabo el fondeo para capitalizar la empresa.
“El señor conciliador y administrador licenciado Gerardo Badin Cherit me manifestó que ha recibido muestras de agresión vía telefónica y como sucede en estos casos, de gente que no se identifica. También me ha sido denunciado de manera personal por diferentes actores en el concurso mercantil, que están siendo objeto de investigación ilegal, mediante intervención telefónica”, señaló en el acuerdo.
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